El Ministerio Público aseguró que el imputado en la Operación Calamar y exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, tenía la investigación del Ministerio Público de manera infiltrada.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción del caso, “en evidencias ocupadas en el allanamiento realizado a la residencia de Peralta, en ocasión de la presente investigación, en la misma se ocupó evidencia que demuestran cómo el mismo tenía la investigación del Ministerio Público infiltrado, llegando a tener incluso en su poder una comunicación interna que le fue remitida por la PEPCA sobre los productos financieros del imputado a la Superintendencia de Valores, entidad de donde le entregaría al imputado copia de la orden y del requerimiento confidencial realizado por el Ministerio Público”.
Destaca que en ese momento la Superintendencia de Valores estaba dirigida por el ciudadano Gabriel Castro González.
Entre las acusaciones, el Ministerio Público asegura que José Ramón Peralta, prevaleciéndose de su condición de Ministro Administrativo de la Presidencia se coalicionó con otros miembros de esa estructura para desplegar la operación de distraer cientos de decenas de miles de millones de pesos del Estado.
“Asimismo, el imputado José Ramón Peralta, estuvo presente en “La Casita”, ubicada en la calle Ceiba no. 102 esquina Helios en el sector de Bella Vista, Distrito Nacional, cuando Bolívar Ventura iba a hacer entrega de alta sumas de dinero en efectivo y el mismo le había dejado claro a Ventura que no cobraría un peso si no entregaba el dinero requerido y efectivamente el señor Bolívar Ventura tuvo que entregar a la estructura la suma de RD$2,185,489,598.77, teniendo que entregar de la misma la suma de RD$1,231,993,188.00 a partir de las acciones delictivas iniciadas y de las que participó activamente el imputado José Ramón Peralta”, indicó.
Por el caso de Operación Calamar fueron detenidas 20 personas, entre estas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
El Ministerio Público indicó que a los arrestados en Calamar se les acusa de manera preliminar de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros” que afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
