La Dirección Política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de un comunicado, señaló que los 18 meses de prisión preventiva impuestos a los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, implicados en el caso de corrupción administrativa Operación Calamar, responden más que nada a la “presión, política y mediática”.

La organización política explicó que la decisión tomada por la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, a la imposición de medida de coerción en el caso donde están involucrados dirigentes peledeísta, lo único que haces es complacer “todas las partes”.

“El PLD considera que la Jueza, Kenya Romero, actuó conforme a derecho al no imponer la medida de coerción más gravosa a Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Peña tomando en cuenta, como se observó desde el primer momento, que no concurrían las condiciones para la misma”, es lo que establece la misiva de la Dirección Política del PLD.

La misma continúa señalando que “les sorprende que, en el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, haya decidido de manera diferente, tomando en cuenta que, tampoco en esos dos casos, se cumplían las condiciones para la imposición de prisión preventiva”.

La organización partidaria opositora indica que la decisión tomada por la jueza “hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática”.

“…tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial”, inquiere el organismo político.

“Lamentablemente esta es la situación en la que se ven obligados a ejercer su función hoy los jueces en nuestro país, presionados por algunos miembros del Ministerio Público que no terminan de entender que su labor debe circunscribirse al espacio judicial y no a la mediatización de los casos, donde la incidencia de la prensa y la opinión pública puede desembocar en lo que la Procuradora General de la República ha llamado, muy acertadamente, “juicios paralelos”, destaca la comunicación del PLD.

El PLD destacó que “llama poderosamente la atención” que, en la investigación, no hayan sido incluido personas las cuales, según el PLD, han admitido los hechos que se le atribuyen, y que quedan identificados como “autores principales de los ilícitos que el Ministerio Público imputa”.

“El PLD reitera su deseo de que en la República Dominicana se respete la presunción de inocencia y el debido proceso; que las medidas de coerción no se conviertan en una pena anticipada para los justiciables, y que el Ministerio Público, cumpliendo con su rol de objetividad, no excluya por razones políticas o de cercanía con el poder de turno, a personas que deben ser investigadas y procesadas”, finaliza el comunicado.