Las autoridades brasileñas hallaron este viernes cinco cadáveres en Sao Sebastiao, la localidad más afectada por las lluvias que barrieron el litoral de Sao Paulo, lo que elevó a 54 el total de muertes causadas por el desastre.

Según un balance difundido por el Gobierno regional de Sao Paulo, los rescatistas aún buscan a una treintena de personas que siguen desaparecidas en dos ciudades de esa turística región, castigada por fuertes temporales el pasado fin de semana, cuando Brasil se entregaba a las fiestas del Carnaval, las más populares del país.

Las autoridades también informaron que otras 4.066 personas se encuentran alojadas en abrigos, iglesias, escuelas y gimnasios de seis ciudades, pues sus viviendas han sido destruidas o están en zonas consideradas de riesgo, en las que se teme que puedan ocurrir nuevas lluvias en los próximos días.

Las búsquedas de desaparecidos continuaban concentradas en Sao Sebastiao y en la vecina Ubatuba, en las que se han registrado la mayoría de las víctimas fatales, en casi todos los casos debido a los deslizamientos de tierra que siguieron a los temporales.

El litoral de Sao Paulo, una de las principales zonas turísticas del país, está bordeado por sierras que en las últimas décadas han sido ocupadas irregularmente y fueron socavadas por los temporales del pasado fin de semana, considerados los más voluminosos que se han visto en esa región.

Frente a las costas de Sao Sebastiao, este jueves fue anclado un portaaviones de la Marina que funciona como hospital flotante, con 300 camas y medio centenar de médicos que permitirán descongestionar los abarrotados hospitales de la zona.

En la zona también se ha instalado un «gabinete de crisis» del Gobierno federal, encabezado por el ministro de Integración, Waldez Góes, quien este viernes se reunió con alcaldes de doce ciudades del litoral paulistano para analizar cada situación en particular, con el objetivo de afinar aún más las medidas de emergencia ya adoptadas.

Goés dijo a periodistas que el desastre causado por las lluvias del pasado fin de semana es parte de «una acumulación de problemas de vivienda, en un país que tiene a unas cuatro millones de personas que viven en zonas de riesgo».

También subrayó que esa situación «se agrava con el fenómeno del cambio climático» y explicó que una de las medidas que se adoptarán de cara al futuro será promover una «mudanza ordenada» de esas zonas de riesgo, mediante los planes de vivienda popular que el Gobierno ya ha comenzado a desarrollar en todo el país.