La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra cinco de los 12 imputados por pertenecer a la red desmantelada con la operación Gavilán, estructura que eliminó o alteró antecedentes penales a 16,958 personas a cambio de sobornos.

Para los otros siete el tribunal dictó diferentes medidas de coerción más leves, entre ellas arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica, por haber admitido los hechos y colaborar en la investigación.

Asimismo, el juez declaró el caso complejo por «el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio público para el sistema de Justicia y para la sociedad», explicó la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso al atender a la prensa tras la audiencia.

Los cinco imputados a los que se les impuso prisión preventiva son Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, Luis Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana Sánchez, quienes cumplirán la medida en los centros CCR de San Pedro de Macorís, en Najayo y en Najayo 17.

Los otros siete encausados son Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a, por lo menos, siete fiscales contra los que solicitará ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.

El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.

Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.

El borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal ha beneficiado a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando al extremo de borrar los antecedentes penales en los registros oficiales a personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años de cárcel.

El grupo fue sometido a la justicia por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.