En noviembre del 2020, entre los días 28 y 29, solo tres meses después de haber asumido las nuevas autoridades electas, el Ministerio Público inició la Operación Antipulpo, un caso en contra de varios exfuncionarios y personas allegadas del gobierno pasado, quienes fueron señalados por corrupción administrativa.
Los nombres expuestos por el Ministerio Público, tras una serie de intervenciones e incautaciones, fueron acusados de haber sido “proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas”.
La Operación Antipulpo, el primer proceso que inició la justicia dominicana en contra de exfuncionarios de Gobierno del Danilo Media, consistió en la acusación de que entre varios allegados del expresidente crearon un entramado que habrían logrado, mediante corrupción administrativa, beneficiarse con cerca de cuatro mil millones de pesos.
El proceso investigativo dirigido por los procuradores adjuntos Yeni Berenice y Wilson Camacho, en sus condiciones de directora general de Persecución del Ministerio Público, y de titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, colocó en la cabeza del entramado a un hermano del expresidente Medina.
Los acusados
Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, fue apuntado por el Ministerio Público como la cabeza de todo el entramado, que consta de al menos 27 personas físicas y 21 compañías, que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Según el expediente acusatorio, Alexis Medina, principal acusado, creó un entramado societario y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
Junto a él también se vinculó a otra hermana del exmandatario, quien fue exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina.
No obstante, en el grupo también aparecen funcionarios del gobierno morado, como Francisco Pagán, exdirector de Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) (quien negoció con las autoridades; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén, excontralor general de la República.
Junto a ellos también fueron acusados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Lewyn Ariel, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos MartínMonto de Oca Vásquez, Paola Mercedes Molina Suazo, Wacal Bernavé y José Dolores Santana.
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
A todos los acusados se les colocó medidas de coerción, pero en el caso de Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban, cumplieron prisión preventiva, situación que les fue levantada por un juez el pasado año 2022.
