El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó este jueves al pelotero Wander Franco a dos años de prisión, pena que fue suspendida bajo condiciones especiales, tras hallarlo culpable de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años.

En el mismo fallo, la madre de la víctima, Martha Vanessa Chevalier, fue sentenciada a diez años de reclusión por explotación sexual y lavado de activos.

La decisión fue tomada por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, quienes consideraron probada la responsabilidad penal de ambos acusados tras evaluar más de 160 pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público.

Franco fue condenado a dos años de prisión suspendida a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe. También deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos del sector público. 

  • Tras escuchar la decisión, el pelotero lloró. 

Durante la audiencia, el tribunal explicó que al decidir la sanción a Franco, se tomaron en cuenta factores como su juventud, su condición de infractor primario y el daño que ya ha sufrido en su carrera profesional. 

Condición para Franco

No obstante, los jueces dejaron claro que su conducta fue “una mala decisión” y le impusieron condiciones estrictas.

Entre ellas, deberá mantenerse alejado de menores de edad con fines sexuales. En caso de violar esta disposición, la suspensión de la pena sería revocada y cumpliría los dos años de prisión efectiva.

“Aunque es una persona joven, si no le gustan las personas de su edad, deberá esperar un tiempo para no reincidir en actos de esta naturaleza”, le dijo la jueza Veras. 

El Ministerio Público había solicitado cinco años de prisión para Franco.

La madre también sentenciada 

En cuanto a Martha Vanessa, el tribunal fue contundente al señalar que usó a su hija como mercancía para obtener beneficios económicos, constituyendo un acto “bochornoso, reprochable y castigado por la ley“.

Fue sentenciada a diez años de prisión, como pidió el Ministerio Público. Fue condenada por lavado de activos y explotación sexual de menores. Además deberá pagar 30 salarios mínimos del Estado.