El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, reiteró al Gobierno el pedido de indultar a las personas que han sido procesadas en la justicia por posesión de drogas en baja cantidad.

“Ahora que nos adentramos en periodo navideño, el presidente de la República puede usar su facultad para hacer un gran regalo a muchas familias y personas afectadas por una política injusta”, indicó de la Rosa Hidalgo en un comunicado enviado a los medios.

En ese sentido, el también especialista en psicología llamó al jefe de Gobierno, Luis Abinader, a “indultar y entregar a sus familias a las personas procesadas por simple posesión” de droga.

“Aplique este gesto humano y de justicia. Son tiempos propicios para llevar tranquilidad a muchas familias que sufren las inmerecidas condenas de algunos de sus parientes. (…), con esta decisión, además de hacer justicia para estas personas y sus familias, lo hace usted con el pensamiento liberal democrático que usted representa en la administración del Estado”, pidió al primer mandatario de la Rosa Hidalgo en el documento.

El director ejecutivo de Casa Abierta calificó como absurdas e injustas las interpretaciones que se le da a la ley 50-88, la que asegura que no reconoce transgresión alguna en la “simple posesión” de una sustancia.

“Por más de 36 años, la ley 50 -88, ha impuesto la estrategia del miedo a las sustancias, por encima de los derechos de las personas y una correcta perspectiva de salud”, expresó de la Rosa Hidalgo.

Agregó que la normativa en su artículo tres, reconoce como aficionado a la persona que se inicia en el uso de las drogas, sin llegar al hábito, y habituados a quienes abusan regularmente de una o varias sin consecuencias sociales u ocupacionales.

“Terribles son las consecuencias de estas interpretaciones del fenómeno de las drogas para las personas que usan estas sustancias sin afectar a terceros, como bien reconoce la propia ley 50-88 en los usos ocasionales o habituales, que son alrededor del 90 % de las personas usuarias”, añadió.

Aseguró, además, que la legislación va incluso en contra de las convenciones internacionales sobre drogas.