El pasado 26 de febrero se desató uno de los incendios forestales más extensos en Valle Nuevo en los últimos 10 años.
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha explicado que se inició en la zona de amortiguamiento, los mapas satelitales de calor indican que todo inició dentro del área protegida a más de kilómetro y medio del límite oeste de este importante parque, en lo que se conoce Agua de la Piedra.
Esto lo confirma una orden de arresto No. 00303-2023 del Segundo Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua, del pasado 3 de marzo, donde se acusa al ciudadano Klenny Esther Ramírez Familia de provocar un incendio en Agua de la Piedra.
La orden de arresto confirma que la propiedad de Klenny Esther Ramírez Familia está dentro del parque. “El Ministerio Público solicita orden de arresto en razón que el ciudadano Klen Ramírez, por el hecho de este provocar el incendio que ocurrió que que ocurrió Agua de la Piedra, luego de realizar un chapeo de maleza en su propiedad la cual está dentro del Parque Valle Nuevo, provocando un incendio forestal impactando la parte sur y norte del parque Valle Nuevo”.
¿Quién es el acusado?
El día de ayer, en rueda de prensa el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hattón, consultado sobre cuál es la situación de la persona señalada como responsable del hecho, un productor agrícola, las autoridades evitaron dar mayores detalles, debido a que se encuentran “en un proceso legal”.
A pesar que el Ministerio y la Procuraduría se han reservado el nombre del acusado, una fuente anónima hizo llegar a Diario Libre la orden de arresto y la cédula de a quién se le imputa de provocar el incendio forestal.
Al verificar la identidad del acusado, figura en la última nómina en línea del Ministerio de Agricultura, de enero de 2023 bajo el nombre de Clenny Esther Ramírez Familia, como técnico fijo de la Dirección Regional Agropecuaria Suroeste con un salario de RD$26,565.
También aparece en las memorias de Sur Futuro del 2016-2017 como personal técnico y administrativo en el área de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria.
El pasado domingo, al declarar extinto el incendio, el Ministerio se refería al acusado como una persona que vive en un campo de Padre Las Casas, provincia Azua, a quien se le había advertido que no debía quemar porque estaba en un área de amortiguamiento del Parque Nacional.
Donde inició el incendio
Agua de la Piedra es un enclave agrícola con una gran extensión de tierra dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo, en el límite legal entre las provincias de Azua y San José de Ocoa.
Durante años en la zona se ha practicado agricultura intensiva de ciclo corto, pero las imágenes de satélite indican que entre 2019 y 2020 se inició la siembra de árboles, en apariencia de aguacate, durante la gestión del exministro Ángel Estévez.
Las imágenes de satélite y los puntos de calor del 26 de febrero indican que el incendio se inició en dicha zona y propagó hacia el norte y este del parque, arrasando una importante y densa zona boscosa.
Esta zona estuvo en 2016 en las discusiones del Consejo de Cogestión, si debía incluirse en el Plan de Rescate iniciado durante la gestión del ex ministro Francisco Dominguez Brito, la cual se incluyó en el censo de productores agrícolas dentro del área protegida.
Según el ambientalista Nelson Bautista que participó de las discusiones y en la elaboración del Plan de Rescate, estas giraron en torno a las ubicaciones urgentes: La vertiente norte, correspondiente a Constanza en los enclaves agrícolas de El Castillo, Montellano, La Siberia, Etc., y la vertiente correspondiente a la vertiente sur en los enclaves agrícolas de Las Espinas, Loma del Chivo, La Morita, etc. Así también otros puntos vulnerables, pero más apartados como la vertiente suroeste como El Gramazo, Limoncito y otras.
“La decisión consensuada fue que los esfuerzos se focalizaran por etapas, para no abrir tantos frentes en simultáneo, en un primer término la vertiente Constanza, luego la de Ocoa y a partir de ahí concentrarse en el abordaje de las comunidades de la zona de Azua, así como otros puntos aún no definidos: como Rancho Guaraguao y otras ocupaciones con potenciales derechos adquiridos, pero que en todo caso se iba a detener cualquier tipo de nuevas obras o proyectos en el área protegida.
El final de la historia es ya conocida: apenas se pudo completar el “desalojo físico” de las infraestructuras de la vertiente norte, al mismo tiempo y por mediación de un obispo, un expresidente y el entonces director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, se le otorgó un plazo adicional de seis meses a los productores de la región sur, medida que fue oportunamente desaconsejada y criticada al entonces Ministro, luego renunciante, Francisco Domínguez Brito”, concluyó el ambientalistas.