Requerir información, datos o estadísticas relacionados con el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional sería considerado como una grave infracción que tendría como consecuencia una condena de hasta 30 años de cárcel contra quienes violen la ley y que afectaría de forma directa a medios de comunicación y personal de la prensa dominicana.

Así lo propone un proyecto de ley sobre seguridad y defensa nacional en la República Dominicana depositado por la diputada Lourdes Aybar, del Partido Fuerza del Pueblo. El proyecto fue presentado en la Cámara Baja el 10 abril y aún no ha sido sometido a estudios en el órgano congresual.

Un repaso por la iniciativa muestra que la pieza, en su artículo 13, incluye 21 infracciones graves contra la seguridad nacional que incluyen el pedido de informaciones que se consideren necesarias para la planeación de la seguridad y defensa nacionales.

“Sería considerado como una infracción grave el requerir de la administración civil y militar, organizaciones gubernamentales, entidades privadas o personas físicas, datos, informaciones y estadísticas que se consideren necesarios para el planeamiento de la seguridad y defensa nacional”, reza de manera específica el proyecto de ley.

Los artículos siguientes establecen una serie de medidas sancionatorias contra quienes violen la ley que abarca la imposición de prisión, pago de multas, confiscación de bienes e inhabilitación.

De cometer una infracción considerada grave, como pedir información o datos sobre la defensa nacional, las personas físicas se enfrentarían a prisión por hasta 30 años y pagarían multas hasta 40 salarios mínimos del sector público.

Mientras que, si la infracción es cometida por una persona jurídica o empresa, las instituciones enfrentarían por lo menos nueve sanciones que abarcan disolución legal de la empresa, confiscación de los bienes procedentes del ilícito, cierre definitivo del establecimiento involucrado, inhabilitación definitiva de todas las licencias o permisos y la inhabilitación para participar en concursos públicos durante cinco años.