El Ministerio Público investiga un presunto atentado contra Abinader previsto para este viernes 6 de noviembre en el Congreso Nacional, el caso más reciente de una serie de amenazas contra el mandatario que, según reportes de prensa, han llegado a la justicia desde 2021.
El Ministerio Público arrestó el martes 3 de noviembre, en San Francisco de Macorís, a Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, durante allanamientos autorizados por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, en una investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista contra el presidente.
Supuesto plan
La orden judicial sitúa el supuesto ataque en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución, y las pesquisas cuentan con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En los allanamientos a su vivienda y a la ferretería donde trabajaba, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas, y el Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva por terrorismo, asociación de malhechores y otras infracciones contra la seguridad del Estado.
El titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, se limitó a decir que las investigaciones continúan abiertas en la Fiscalía de Duarte, mientras la pesquisa aún debe establecer el alcance de las amenazas y si existía un plan operativo.
Los antecedentes de amenazas contra Abinader
Es el caso más reciente de al menos siete personas detenidas, investigadas o sometidas a la justicia en los últimos años por amenazas contra el presidente, en episodios que tuvieron como escenario, en varios casos, las redes sociales.
El primer antecedente reportado se remonta a 2021, cuando Enrique Figueroa fue detenido por autoridades estadounidenses en Nueva York tras formular amenazas de muerte cerca del hotel donde se hospedaba el mandatario.
En 2022 fue apresado Roberto Antonio Soto Mejía, conocido como «Cubanito», por emitir amenazas públicas, y en mayo de 2023 fue arrestada en Bonao Yrene Sosa Tavárez, «La más dura», por mensajes en TikTok, con una garantía económica de RD$50,000.
En julio de 2024, Stalin Silvestre Corporán se entregó en Haina tras difundir un video en TikTok que aludía al atentado contra Donald Trump, y un tribunal de San Cristóbal le impuso un mes de prisión preventiva.
En diciembre de 2025 fue detenido en El Seibo Héctor Julio Mercedes Rodríguez, conocido como «La Bala», por un video con amenazas contra el presidente y sus familiares, y quedó en libertad bajo garantía económica y con seguimiento psiquiátrico.
Una diferencia clave
A diferencia de esos episodios, que consistieron en amenazas públicas, el caso de San Francisco de Macorís es el único de los recopilados en que una orden judicial habla de la planificación de un atentado terrorista con fecha y lugar, aunque es una hipótesis que la investigación debe comprobar.
Como en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia y corresponde al Ministerio Público probar ante los tribunales los hechos que atribuye al detenido, cuya medida de coerción ya fue solicitada.
El Ministerio de Trabajo informó que el feriado del Día de la Constitución se traslada al lunes 9 de noviembre, mientras la orden judicial menciona la conmemoración del viernes 6 en el Congreso Nacional.
