La audiencia fue fijada para el miércoles 4 de noviembre. Abogados del hospital aseguran que la sustracción de componentes del sistema de climatización afectó áreas sensibles y estiman daños en hasta 20 consolas y 380 metros de tuberías.
Nagua. – El Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de María Trinidad Sánchez aplazó para el próximo miércoles 4 de noviembre, en horas de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción contra cuatro empleados del Hospital Provincial Dr. Antonio Yapor Heded, imputados por su presunta participación en la sustracción de componentes del sistema de climatización del centro asistencial.
La audiencia, celebrada este martes 27 de octubre, estuvo presidida por la magistrada Martha Mirella Indira, ante quien fueron presentados Cristian Cuello Frometa, electricista; Rigoberto Rodríguez Almonte, ayudante de mantenimiento; Manuel Antonio Cabrera Duarte, jardinero; y Junior Jesús Jiminian Castro, conserje.
El aplazamiento se produjo en medio de cuestionamientos por parte de la defensa de los imputados sobre elementos de prueba del expediente. El abogado Charly Peralta, representante del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del hospital, se refirió a esta dificultad planteada con la reproducción de un disco compacto (CD), aunque aseguró que el archivo puede abrirse normalmente en los equipos informáticos del centro asistencial.
«Con relación a lo que ellos están diciendo de que no les abre el CD, ya depende de la forma en que lo están abriendo, pero en la computadora del centro el CD abre normal», explicó Peralta a su salida de la audiencia.
No se precisó si esa situación fue la causa formal del aplazamiento ni cuáles medidas de coerción solicitó el Ministerio Público contra los cuatro imputados.
Denuncian que la sustracción afectó áreas de neonatología y cirugía
Uno de los aspectos más delicados del caso fue expuesto por el abogado Jairo Martínez, integrante de la representación legal del hospital, quien aseguró que los daños ocasionados al sistema de climatización comprometieron áreas destinadas a la atención de recién nacidos y a procedimientos quirúrgicos.
Martínez advirtió que el alcance del hecho no debe evaluarse únicamente por el valor económico de los materiales presuntamente sustraídos, debido a las posibles consecuencias de la interrupción de servicios esenciales dentro de un establecimiento de salud.
«No estamos ante una situación cualquiera de que unos empleados nos sustrajeron algunos aparatos del sistema de ventilación del hospital, sino ante una situación que podía agravarse», manifestó el abogado.
Según explicó, las áreas donde reciben atención los recién nacidos, incluida neonatología, y las unidades de cirugía quedaron afectadas por la interrupción del sistema de climatización.
El jurista sostuvo que esas condiciones pudieron representar riesgos para pacientes vulnerables, particularmente los recién nacidos, debido a la importancia del control ambiental en determinadas áreas hospitalarias.
Sus declaraciones constituyen una advertencia sobre posibles consecuencias sanitarias. Hasta el momento, no se ha presentado públicamente un informe técnico o médico que establezca la duración de la interrupción, la magnitud de la afectación en esas unidades o la existencia de daños concretos a pacientes.
Martínez reveló que las estimaciones preliminares manejadas por la representación legal apuntan a entre 15 y 20 consolas de aire acondicionado afectadas, además de aproximadamente 380 metros de tuberías del sistema central de climatización que habrían sido cortadas.
También señaló que parte de esas tuberías se encuentra en espacios próximos a las instalaciones de suministro de oxígeno, aunque indicó que estas últimas no fueron intervenidas.
El abogado consideró que esa circunstancia debe formar parte del análisis de los investigadores para determinar cómo se ejecutaron los cortes y quiénes pudieron intervenir en la manipulación de las instalaciones.
Las cantidades ofrecidas por Martínez deberán ser contrastadas con los levantamientos técnicos y las evaluaciones económicas correspondientes para establecer el alcance de los daños.
Directora del hospital asegura que dará seguimiento al proceso
La directora del Hospital Dr. Antonio Yapor Heded, doctora Dulce María de Jesús Difó, también compareció ante el tribunal y expresó que la administración del centro continuará dando seguimiento al proceso judicial.
La funcionaria manifestó su preocupación por la sustracción de materiales de una infraestructura destinada a prestar servicios de salud a la población, especialmente a familias de escasos recursos.
«Nosotros vamos a llevar este caso hasta el final para que paguen los responsables por el abuso cometido a nuestro hospital público, que es donde van todas las personas más necesitadas de nuestra provincia», expresó Difó.
La directora agradeció el respaldo recibido durante el seguimiento del caso y aseguró que mantendrá su atención sobre las actuaciones judiciales relacionadas con el hecho.
Por su parte, Charly Peralta explicó que su participación responde a instrucciones de la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, encabezada por el doctor Julio César Landrón.
El abogado indicó que continuará compareciendo en representación de la institución y del hospital durante las próximas actuaciones procesales.
«¿Qué es lo que buscamos con esto? Que situaciones de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir», sostuvo.
Martínez también afirmó que la representación legal del centro buscará que se determinen las responsabilidades correspondientes, tomando en consideración tanto los daños materiales como las posibles repercusiones sobre los servicios hospitalarios.
Cuatro empleados arrestados y una investigación en curso
El caso adquirió dimensión pública luego de que trascendieran denuncias sobre la desaparición de componentes del sistema de aire acondicionado del Hospital Antonio Yapor Heded.
El 19 de octubre se difundieron informaciones sobre el presunto faltante de consolas y tuberías de cobre, una situación que habría sido detectada días antes, luego de que pacientes reportaran dificultades con la climatización de algunas habitaciones.
Posteriormente, el 25 de octubre, la Policía Nacional informó del arresto de cuatro empleados del establecimiento mediante órdenes judiciales, tras investigaciones realizadas por la Subdirección Regional de Investigación Criminal (DICRIM).
Las autoridades policiales vincularon preliminarmente a los detenidos con la sustracción de tuberías que habría ocasionado daños en el sistema de climatización.
El reporte inicial no especificó el valor económico de las pérdidas ni detalló si los materiales presuntamente sustraídos habían sido recuperados.
La investigación deberá determinar las circunstancias en que se produjeron los hechos, la participación individual que se atribuye a cada imputado y si existen otras personas vinculadas con la desaparición de los componentes.
Hasta que se produzca una decisión judicial definitiva, los cuatro empleados mantienen la presunción de inocencia y las garantías procesales reconocidas por la legislación dominicana.
La próxima audiencia quedó fijada para el miércoles 4 de noviembre, cuando el tribunal retomará el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
