Con pancartas y consignas, miembros del Movimiento Reconoci.do se manifestaron ayer frente al Palacio Nacional con el propósito de denunciar que, a 12 años de la promulgación de la Ley 169-14, miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan enfrentando condiciones de apatridia, exclusión social y vulneración de derechos fundamentales.
La manifestación, realizada bajo el lema “No somos invisibles: pongámosle fin a la apatridia”, coincidió con el aniversario de la legislación aprobada en 2014 como respuesta a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, decisión que privó de la nacionalidad a miles de personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana.
Franklin Dinol, coordinador del movimiento Reconoci.do, expresó que la ley fue presentada ante el país y la comunidad internacional como una medida orientada a la reparación y el reconocimiento de derechos. No obstante, sostuvo que la mayoría de las personas afectadas continúa enfrentando obstáculos burocráticos, retención de documentos y limitaciones para acceder plenamente a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo.
DETENCIONES «ARBITRARIAS»
El movimiento denunció que miles de personas aún subsisten sin documentos de identidad válidos o con documentación vencida, mientras otras han sido objeto de detenciones arbitrarias, expulsiones ilegales y prácticas de perfilamiento racial.
De acuerdo con datos proporcionados por la organización, más de 100 dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana habrían sido detenidos y expulsados ilegalmente hacia Haití en los últimos años, pese a haber nacido en territorio dominicano.
Los manifestantes también cuestionaron las recientes políticas migratorias, al considerar que agentes estatales realizan allanamientos, operativos y detenciones fundamentados en características físicas o el color de la piel.
Como ejemplo, citaron el caso de Lina Pie Lima, una dominicana de ascendencia haitiana que, según denunciaron, fue expulsada ilegalmente hacia Haití a pesar de portar documentos de identidad dominicanos. Posteriormente, añadieron, fue retenida bajo vigilancia migratoria tras dar a luz en un hospital público de La Romana.
El colectivo calificó estas acciones como “graves violaciones a los derechos humanos” y afirmó que evidencian un patrón de discriminación institucional contra dominicanos de ascendencia haitiana y personas negras criollas sometidas a procesos de deportación.
