La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) levantar los impedimentos de salida y las alertas migratorias que no cuenten con sustento judicial, como parte de un proceso de depuración de registros acumulados durante décadas.
La iniciativa ha permitido liberar de estas restricciones a 56,140 ciudadanos, quienes ahora pueden viajar al extranjero sin los impedimentos derivados de registros que carecían de fundamento legal, informó este martes la institución mediante un comunicado.
DEPURACIÓN DE REGISTROS HISTÓRICOS
La Procuraduría explicó que la revisión es resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, que analiza datos registrados desde 1990 para identificar irregularidades y actualizar la información acumulada.
El proceso permitió detectar registros sin respaldo judicial, casos relacionados con procedimientos concluidos y errores administrativos que mantenían restricciones sin una orden de autoridad competente.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar la eliminación de registros individualizados sin base legal, aquellos que no identificaban debidamente a las personas y los impedimentos cuyas restricciones ya habían cumplido su propósito.
La medida busca garantizar el derecho al libre tránsito y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, conforme a los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana.
NUEVO SISTEMA PARA DICIEMBRE
La mesa técnica continuará trabajando hasta completar la revisión de los registros y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad para gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida.
La entrada en funcionamiento de esta plataforma está prevista para diciembre de 2026.
Según la Procuraduría, el nuevo sistema permitirá mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas y evitar que permanezcan activas restricciones migratorias que carezcan de fundamento legal, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la protección de los derechos ciudadanos.
