El Defensor del Pueblo llevó a María Trinidad Sánchez su Ruta por la Ciudadanía, una jornada que combinó diálogo con sectores de la provincia y formación sobre el nuevo Código Penal, con el propósito de convertir disposiciones jurídicas de alta complejidad en herramientas que la población pueda utilizar para reconocer sus derechos, responsabilidades y mecanismos de protección.
La agenda fue encabezada por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, e incluyó un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio, universidades y directores de distritos educativos para presentar el Sistema Nacional de Deliberación y Ciudadanía, concebido como un espacio de articulación y participación territorial.
La segunda parte se desarrolló en el salón de actos del Ayuntamiento Municipal de Nagua, donde fue impartido el taller “El nuevo Código Penal: conocer nuestros derechos para protegerlos”, con participación de representantes del Ministerio Público, la Defensoría Pública, abogados, autoridades locales, organizaciones sociales, líderes religiosos y ciudadanos. La transcripción de la actividad confirma que este encuentro formativo se celebró en la sede del cabildo nagüero.
Ulloa vincula conocimiento de la ley con convivencia ciudadana
Durante la apertura, Ulloa explicó que la estrategia procura llevar el contenido del Código Penal más allá de los profesionales del Derecho y relacionarlo directamente con los conflictos que enfrentan las personas en sus hogares, centros de trabajo, negocios y comunidades.
El funcionario sostuvo que más del 70 % de las situaciones que llegan al Ministerio Público están relacionadas con conflictos interpersonales, dato que utilizó para argumentar la necesidad de acompañar la aplicación de la legislación penal con educación ciudadana y prevención.
Según Ulloa, la Ruta por la Ciudadanía pretende enseñar el Código Penal como instrumento para mejorar la convivencia y, a la vez, fortalecer el conocimiento de los derechos y las garantías establecidas por la Constitución.
La estrategia forma parte de un despliegue nacional iniciado en otras provincias. En Dajabón, el Defensor del Pueblo ya había presentado la iniciativa “Código Penal para la Ciudadanía” como un programa de pedagogía social dirigido a explicar derechos, deberes y responsabilidades mediante situaciones cotidianas.
44 herramientas para explicar derechos y delitos
El componente pedagógico está organizado en 44 tarjetones, divididos en dos colecciones.
Dieciocho están dedicados a fundamentos constitucionales, derechos fundamentales, garantías, deberes ciudadanos y principios de convivencia; los otros 26 abordan contenidos del Código Penal relacionados con la vida, integridad personal, familia, violencia, propiedad, intimidad, entorno digital, estafas, corrupción, responsabilidad empresarial, sanciones y derechos de las víctimas.
La metodología utiliza ejemplos cotidianos para evitar que el contenido quede reducido a una exposición estrictamente jurídica.
Durante la presentación se explicó que la intención es trasladar la discusión a espacios reconocibles para el ciudadano: “la casa, la calle, la escuela, el trabajo, los negocios y las redes”, de forma que pueda identificarse qué protege la legislación y cuáles conductas pueden generar consecuencias penales.
Roberto Quiroz explica cambios a partir de casos cotidianos
El desarrollo central del taller estuvo a cargo de Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo y encargado de Litigio Estratégico, quien abordó diferentes disposiciones de la nueva legislación mediante ejemplos y preguntas de los asistentes.
Entre los asuntos tratados figuraron el sicariato, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, el acoso, la intimidad, el uso indebido de imágenes y los riesgos vinculados con las nuevas tecnologías.
Quiroz explicó también situaciones relacionadas con la difusión de contenidos privados, manipulación de imágenes y utilización de información personal en entornos digitales, señalando que la tecnología ha ampliado tanto las posibilidades de comunicación como los riesgos de vulneración de la identidad y la intimidad.
El expositor dedicó además parte de la jornada a las estafas y recomendó aplicar criterios de debida diligencia antes de entregar dinero, adquirir propiedades, comprar bienes o suscribir contratos.
Usó como ejemplos las ventas inmobiliarias fraudulentas, esquemas piramidales y ofertas de bienes a precios considerablemente inferiores a su valor habitual para explicar señales que deben ser examinadas antes de realizar una operación.
Responsabilidad de empresas y acumulación de penas
Otro de los temas abordados fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Quiroz explicó que las empresas deberán prestar particular atención a sus mecanismos internos de dirección, control y supervisión, debido a las consecuencias que determinadas actuaciones de sus integrantes podrían generar para las propias organizaciones bajo las disposiciones del nuevo régimen penal.
El taller también examinó el nuevo tratamiento del concurso de infracciones. Quiroz diferenció entre hechos derivados de una misma acción y aquellos en los que una persona ejecuta varias conductas independientes, explicando que en determinadas circunstancias la acumulación de penas dentro de un mismo proceso puede alcanzar hasta 60 años, según la interpretación expuesta durante la actividad.
“Quien sea víctima, que denuncie”
La protección de las víctimas ocupó otro segmento de la exposición.
Quiroz llamó a quienes sufran una infracción a buscar orientación y denunciar oportunamente, al tiempo que planteó que el sistema de justicia debe prestar mayor atención a lo que espera la víctima del proceso.
“Quien sea víctima de cualquier tipo de infracción, denúncielo”, expresó, y señaló que tanto las instituciones vinculadas al sistema de justicia como el propio Defensor del Pueblo pueden desempeñar funciones de orientación.
Representación jurídica, oficial y social
En la actividad participaron el diputado Stalin Vásquez, el presidente del Concejo de Regidores de Nagua, Luis Miguel González, en representación del alcalde Junior Peralta; el regidor Orlando Polanco; la presidenta de la seccional María Trinidad Sánchez del Colegio de Abogados, Carmen Mercedes García, y representantes de la Defensoría Pública, el Ministerio Público, la Regional 14 de Educación, iglesias, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Durante el desarrollo de la jornada se incorporó también la gobernadora Amada López Polanco, quien resaltó la necesidad de que la ciudadanía conozca los cambios introducidos por la legislación penal y los derechos asociados a su aplicación.
El encuentro concluyó con una sesión de preguntas y respuestas en la que se abordaron, entre otros temas, fraudes electrónicos, sustracción de dinero mediante cuentas bancarias, obligaciones del Ministerio Público y mecanismos disponibles para reclamar ante posibles infracciones.
La Ruta por la Ciudadanía continuará llevando esta metodología a distintos territorios con el objetivo de que el conocimiento de la legislación penal no quede circunscrito a jueces, fiscales y abogados, sino que alcance también a quienes deberán convivir diariamente con sus nuevas disposiciones.
