Mediante un proceso de investigación y tras el seguimiento a varias denuncias sobre robo de reses en la zona, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente, realizaron un operativo conjunto que permitió la identificación y desmantelamiento de un matadero clandestino que operaba en el sector El Ranchito, municipio Río San Juan.
La intervención fue coordinada bajo las directrices del director de la Dirección Regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, general Pablo Ortega Brito, M.A., y ejecutada por el coronel Rafael Reyes Bautista, comandante del Departamento Operativo I de Cabrera, junto al coronel de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), Céspedes Roble, y el mayor Manuel Pérez, encargado del Departamento Anticuatreros de la Policía Nacional, además de representantes de Salud Pública, Medio Ambiente y Planeamiento Urbano.
Durante el operativo fue intervenida una propiedad atribuida a Jeuri Vargas Hernández, donde además fueron detenidos varios empleados que se encontraban laborando en el lugar.
En el lugar fueron ocupadas más de dos toneladas de carne de res y cerdo, almacenadas en congeladores y canastos refrigerados.
Entre lo decomisado se encontraban alrededor de 90 canastos plásticos con carne picada, con un peso aproximado de 100 libras cada uno, así como vísceras y otras partes de animales en condiciones inadecuadas de almacenamiento.
También fueron ocupadas varias armas blancas utilizadas para el sacrificio y procesamiento de los animales.
Tras una evaluación realizada por técnicos de Salud Pública, encabezados por el doctor Marcos Jiménez, director provincial de la institución, se determinó que la carne no era apta para el consumo humano debido a su avanzado estado de deterioro y a las condiciones sanitarias del lugar.
Por disposición de las autoridades sanitarias, toda la carne decomisada fue trasladada al vertedero provincial, donde fue destruida e inhumada de manera inmediata para evitar riesgos a la salud pública.
Las autoridades informaron que el caso fue remitido a la División de Protección Animal y Antiabigeato para los fines legales correspondientes.
Asimismo, recordaron que este tipo de actividades constituye una violación a la Ley 61-23, que establece sanciones para quienes incurran en prácticas que pongan en riesgo la salud pública y el control sanitario de productos de origen animal.
