Después de 409 días de que el exprocurador Jean Alaín Rodríguez fuera detenido en la Procuraduría General de la República, en la que fue la primera acción pública del Ministerio Público en la denominada Operación Medusa, el caso llega este viernes ante un tribunal que deberá decidir sobre la calidad o no de la investigación en su contra.

La audiencia, pautada para las 9:00 de la mañana, estará a cargo del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien ante la magnitud de un expediente con más de 60 acusados y más de 12,000 páginas, utilizará la sala de la Corte de Apelación Civil y Comercial, en el Centro de los Héroes.

El exprocurador figura como el principal imputado en una acusación que incluye a 63 personas físicas y jurídicas, bajo cargos de estafa contra el Estado, falsedad de documentos, lavado de activos, cobro de sobornos y coalición de funcionarios.

“Se trata de un entramado de corrupción que se ha descubierto en este proceso, que supera los 1,000 millones de pesos en sobornos y que es algo simple y llanamente escandaloso y nunca visto en la República Dominicana”, ha dicho el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

El entramado que describe habría tenido lugar en la propia Procuraduría General, durante la gestión del exprocurador, al que le atribuyen haber maniobrado para hacerse con dinero que se destinaría al Plan de Humanización Penitenciario, así como de las propias finanzas de la Procuraduría. Para ello, se valió de varios colaboradores del Ministerio Público, de familiares y de personas del mundo empresarial, según la acusación. 

El 13 de junio de 2021, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional había dictó prisión preventiva de 18 meses contra el exfuncionario y varios colaboradores de su gestión, al tiempo que declaró complejo el caso, acogiendo la solicitud que le hizo entonces el Ministerio Público, representado por la Pepca.

Los imputados 

Además de Jean Alain Rodríguez, en el caso Medusa están imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte, Miguel José Moya, Sara María Fernández de José, Braulio Michael Batista Barias. También Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Johannatan Loanders Medina Reyes, Isis Tapia Steffani, Félix Antonio Rosario Labrada, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson Mallol. Figura también Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, José Luis Liriano Adames, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Arturo Santos Gómez, Rossanna Vianela Pimentel de Martínez, Fausto José Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbott Brugal, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Sean Hudson Dwiggins. Otros acusados son Ricardo Antonio Carrasquero Frias, José Antonio Santana Julián, Felipe Armando Fernández De Castro Asencio, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarion Morel Grullón, Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk. Las empresas acusadas son Desarrollo, Individuo & Organización, DIO, SRL; Lirtec, SRL; Inversiones Cavalieri, SRL; Jurinvest Abogados, SRL; Fire Control Systems MGM, SRL; La Parasata Mercantil, SRL; Comercial Viaros, SRL; Rogama, SRL; F & F Ezel Import, SRL; Herrajes Rachel, SRL. También Divamor Group, SRL; Getrant del Caribe, SRL; Ropalma, SRL; Inversiones Zwaziland, E.I.R.L.; Distribuidora Ropi, SRL; Smart Logistics, S.R.L; Mac Construcciones, S.R.L.; Constructora Carrasquero, S.R.L; Abastesa, S.A.S; Constructora Integral, S.A.S; Constructora Morel Grullon & Asociados y Espacio & Arquitectura S.R.L.

Hechos que se imputan 

“La organización criminal estableció un entramado de soborno, extorsión, chantaje y amenazas sin precedentes, para obtener los pagos de manera compulsiva, logrando obtener por esta vía más de mil millones de pesos (RD$1,000,000,000.00)”, dice el Ministerio Público en su acusación.

También le atribuye a la red el haber malversado más de dos mil millones de pesos en pagos a proveedores de alimentos que resultaron adjudicatarios de manera fraudulenta; que se adquirió alimentos en mal estado para los internos del sistema penitenciario; que se compró boletas para viajes de particulares con fondos de la Procuraduría.

También que se contrató, con recursos de la Procuraduría, asesores de comunicación nacionales y extranjeros para un proyecto político particular del exprocurador Rodríguez; que se adquirieron irregularmente bienes públicos y con recursos públicos a beneficio del exfuncionario,

Otros hechos tienen que ver con la falsificación de documentos, pero también con destrucción de otros.

El exprocurador ha declarado a través de sus abogados que es inocente de las imputaciones que le hacen, al tiempo de señalar que el expediente se sustenta en declaraciones sin mayores pruebas.

La extensa pieza acusatoria cita más de 3,500 pruebas, incluidos unos 400 testigos.