Después del Ministerio Público desarticular la supuesta red de trata de personas y explotación sexual mediante la Operación Cattleya, víctimas reportaron que sus familiares en Colombia están siendo amenazados por miembros de la banda que se encuentran en el país suramericano.

Así lo establece el órgano acusador en su expediente de solicitud de medida de coerción contra la alegada estructura criminal, que se dedicó a explotar sexualmente a al menos 80 jóvenes colombianas y venezolanas.

«Las víctimas no podían negarse a realizar las actividades sexuales, puesto que eran amenazadas tanto con ser denunciadas en Migración para ser deportadas, como con hacerle daño a sus familiares en sus respectivos países de origen»Ministerio PúblicoCaso Cattleya“

Asimismo, indica que a las mujeres se les privaba de su libertad.

“Al tiempo de que se les privaba de su libertad, siendo únicamente trasladadas, dentro de la República Dominicana, a los lugares donde eran transportadas por los tratantes”, detalla la acusación.  

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, los “presentadores o promotores”, tenían la función de exhibirlas y entregarlas a los clientes para realizar las actividades sexuales renumeradas.

“A tal efecto, eran vigiladas constantemente por un miembro de la estructura criminal que fungía como custodia de las víctimas en todo momento, y no se le permitiría disponer de tiempo libre”, describe la entidad judicial en la documentación.

Las colombianas y venezolanas tenían que estar disponible cada vez que un promotor la requería para un cliente.

“Las víctimas eran sometidas a explotación sexual para provecho económico de la organización criminal, que cobraba por el servicio sexual de una hora, una suma que oscilaba entre RD$5,000.00 a RD$7,000.00 pesos dominicanos”, agrega la acusación del órgano acusador.

En lo que respecta a los clientes, éstos eran captados por la organización, a quienes les mostraban catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas en lencerías.

Las víctimas se hospedaban y recibían a sus clientes en el Hotel Caribe, en Santo Domingo, o en el Residencial Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana.

No obstante, también personal de la organización trasladaban a las víctimas a sus destinos.

De igual manera, las mujeres eran obligadas a consumir sustancias controladas, cuyo costo también se sumaba a la “deuda” que alegadamente contraían con la red por el gasto aéreo para traerlas al país, comida y vestimenta.

Implicados del caso Cattleya

Entre los imputados se encuentran: José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero,  Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

La red fue desmantelada la semana pasada mediante una serie de allanamientos simultáneos que desarrolló el Ministerio Público en el marco de la Operación Cattleya.

Mientras que la medida de coerción a los apresados en el operativo será conocida el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.