El empresario César Félix Ramos Ovalle pasó de ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G a convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou. 

El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o Marinita), se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de la red, y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado. 

El Ministerio Público dice que esto era parte de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). 

Devuelve fondos

César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos, de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió. 

Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su participación en los mismos.

Establecen que este confesó a la Pepca que “mediante la empresa Estación de Servicios La Marina, S.R.L. le fue adjudicado un porcentaje de cuatro licitaciones del Cestur, en el periodo junio 2019 hasta abril del 2021 para contrato de suministro de combustibles”. 

Además, le habría revelado a los investigadores el modo en que surgió su vínculo con el Cestur y el acusado Rafael Núñez de Aza. Dijo que fue mediante la analista de compras de la institución. Esta mujer supuestamente lo contactó comunicándole que para poder ganar una licitación en el Cestur tendría que conversar con ellos.

Esta mujer le apartó una cita con Rafael Núñez de Aza, donde este acusado le habría establecido que debía participar en el proceso de licitación en condiciones “normales”. Le dieron la garantía de que sería seleccionado y comenzarían a pagarle de manera parcial las facturas remitidas por la empresa de combustible La Marinita. 

La trama consistía entonces en que, el Cestur le pagaría a La Marinita el dinero para suplir combustible. La empresa recibía el pago, pero no realizaba la entrega del combustible. Supuestamente el dinero era devuelto  en cajas y fundas de regalo a Núñez de Aza a través de emisarios. 

Los presuntos emisarios fueron identificados como Miguel Cancún Ramírez, David Abreu Padilla y Jacobo Horacio. Además, el empresario justificó que se vio compelido a aceptar la proposición de Rafael Núñez de Aza, porque de no hacerlo, no tendría posibilidad de ser beneficiado con la adjudicación. 

De la confianza de Danilo

En su acusación la Pepca reitera y defiende la tesis de que la presunta red corrupta comenzó a estructurarse el 16 de agosto del 2012 con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia de la República. Dice que fue esa la coyuntura aprovechada por personas de estrecha confianza del exmandatario para aumentar su influencia en las instituciones del Estado. 

Señalan que Adán Benoni Cáceres Silvestre aprovechó la circunstancia y desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, supuestamente organizó un entramado societario y configuró una estructura criminal para distraer fondos del Estado.