El promedio general de la inversión hecha por el Ministerio de Educación (Minerd) por alumno para el año 2021 ascendió al monto de 88,697.50 pesos.

El dato está contenido en un informe del Minerd, donde consta que las provincias Hermanas Mirabal, Espaillat y San José de Ocoa son las que presentan costos por alumno más altos, ascendiendo a un promedio de 148,007.42 pesos por estudiante en el pasado año.

Mientras que entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante en el año, se encuentran La Altagracia, La Romana y Peravia con un promedio que alcanza los 57,841.64 pesos por estudiante.

Entre las provincias que presentan mayor inversión están Santo Domingo, con 36,002,942,837.29 pesos (19.28 %); Distrito Nacional, con 16,922,248,385.25 pesos (9.06 %) y Santiago, con 14,561,282,546.98 pesos (7.80 %).

Esto se debe principalmente a que en estas provincias se concentra gran parte de la matrícula estudiantil que los costos por zona varían, siendo más altos en las áreas metropolitanas, como es el caso de los terrenos.

Por otro lado, las provincias con menor inversión en términos absolutos son Pedernales, 767,254,266.56 pesos (0.41 %); Santiago Rodríguez, 1,554,040,961.18 pesos (0.83 %) y San José de Ocoa, con 1,625,372,320.58 pesos (0.87 %).

Gastos y ranking

A nivel general, la inversión por estudiante en las provincias de mayor población de la República Dominicana, en el periodo 2013-2021 fue de (1,399 dólares), de acuerdo a datos contenidos en el informe del Minerd.

De 32 provincias, el 68.75 % (22 provincias) se le asigna el 49.25 % de lo invertido, pero sus costos de inversión por alumno son 406.77 dólares americanos por encima del promedio de la muestra.

Las otras 10 provincias (31.25 %) recibe el 50.75 % de los recursos totales invertidos, pero su promedio de inversión por estudiante es de 193.68 dólares americanos por debajo de la media de asignación de la muestra en los periodos analizados.

El costo por estudiante se determina a través de la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y está basada en la distribución de la carga financiera entre los diferentes agentes que financian la educación y los costos en los distintos niveles de enseñanza.

Al relacionar la inversión con la matrícula, Hermanas Mirabal, Espaillat y San José de Ocoa son las provincias que presentan costos por alumno más altos, ascendiendo a un promedio de 148,007.42 pesos por estudiante en el año 2021. Mientras que entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante en el año, se encuentran La Altagracia, La Romana y Peravia con un promedio que alcanza los 57,841.64 pesos por estudiante.

En 2019, República Dominicana descendió en la tabla que compara los países por la cuantía que dedican a educación y pasó del puesto 64 al 66. Más importante es su posición en el ranking de gasto público en educación respecto al PIB, en el que su situación ha mejorado, pero continua entre los países con un gasto público en educación bajo, en el puesto 99 de los 192 países que componen el ranking.

De acuerdo al documento, “el Ministerio de Educación amplió los esfuerzos a las zonas con mayor precariedad con el fin de minimizar las brechas geográficas de cobertura y calidad educativa, proveyéndoles de programas de apoyo a la vulnerabilidad e iniciativas que contrarrestan los riesgos sociales».

Aumento sostenido

El costo por estudiante ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En el año 2013 se muestra un aumento exponencial, exhibiendo una variación con respecto al año 2012 de 123.67 % en el nivel inicial, 82.44 % en el nivel primario y de 98.22 % en el nivel secundario.

Esta variación fue motivada por la asignación del 4 % del PIB a la educación preuniversitaria, haciendo que el presupuesto pasara de 58,590 millones de pesos en el año 2012 a 99,628 millones de pesos en el año 2013.

Por otro lado, en el nivel primario se estima que el costo por alumno es de 93,839 pesos, es decir, una variación de un -11.88% con relación al año 2020. Esto se debe a la disminución del gasto de capital, motivo de la paralización de obras como consecuencia de la pandemia.