La República Dominicana se defendió este jueves de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en personas migrantes, sobre todo aquellas que son procedentes de Haití y de ascendencia haitiana.

Josué Fiallo, embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que en el país no se realizan deportaciones masivas de mujeres migrantes embarazadas, como se denunció en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).https://aa827082d15c77c78bf6ffd94fd02e88.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Fiallo explicó que cuando existen casos puntuales, los protocolos de la Dirección General de Migración (DGM) impiden las deportaciones de las mujeres embarazadas en labores de parto. El diplomático aseguró que la deportación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y el bebé.

El representante dominicano argumentó que la situación del deterioro de la gobernanza y de violencia en Haití motiva a sus ciudadanos a buscar servicios básicos en otros países. “Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional”, agregó.

“Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a la República Dominicana expuesta, por sí sola, a cubrir la ausencia de ciertos servicios públicos en el país vecino. En ese contexto, el Gobierno se ha visto obligado a reforzar medidas para dar cumplimiento a las leyes migratorias del país y, a la vez, controlar la demanda excesiva de servicios de salud en la red hospitalaria pública”, manifestó.

Josué Fiallo detalló que los partos, naturales o por vía cesárea, de mujeres haitianas pasaron del 12.5 % en el 2018, al 30.5 % en 2021. Señaló que esto es una muestra de la situación política, social y económica en Haití que no puede brindar esos servicios de salud.

Las pensiones a trabajadores cañeros

El embajador aseguró que es una política del Estado dominicano reivindicar el derecho de los trabajadores cañeros con el otorgamiento de pensiones desde el 2012.

Apuntó que, de una lista de 1,610 trabajadores cañeros, 779 recibieron pensiones a “pesar de los obstáculos” encontrados como la falta de documentación.