Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta y a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, señalados por el Ministerio Público como integrantes de una presunta red que habría desviado fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mediante maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, declaró el proceso caso complejo y ordenó que ambos imputados cumplan la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.
En tanto, la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, deberá cumplir arresto domiciliario.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la procuradora de corte Mirna Ortiz, afirmó que el tribunal acogió íntegramente la solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que las pruebas presentadas vinculan de manera suficiente a los imputados con los hechos investigados.
«Seguiremos investigando; habrá más imputados», aseguró Ortiz tras la audiencia, al destacar que la decisión judicial evidencia la solidez de la investigación desarrollada por el órgano persecutor.
La representante del Ministerio Público explicó que la variación de la medida impuesta a una de las imputadas responde a una valoración procesal sobre el riesgo de fuga y su actitud frente al proceso, aclarando que no existe ningún acuerdo de cooperación con los acusados.
Acusaciones
Según la investigación, la presunta estructura utilizó diversos mecanismos para desviar recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao, entre ellos fraude clínico y farmacéutico mediante la alteración de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsificados, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
El expediente también incluye acusaciones por venta de medicamentos donados, contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, utilización de instalaciones del centro oncológico para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, gastos de representación irregulares, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que los imputados habrían creado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para desviar recursos y cobrar al SeNaSa por medicamentos y servicios que presuntamente no fueron suministrados a pacientes del centro de salud. También les atribuye la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos incompatibles con la naturaleza de una organización sin fines de lucro.
La Operación Onco14 fue ejecutada por el Ministerio Público como parte de una investigación sobre presuntos actos de corrupción y fraude en la administración del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
