Será este martes cuando la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional podría dictar medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Cobra”.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien está imputado por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
El fiscal fue apresado en flagrante delito mientras gestionaba y recibía US$10,000 de una persona.
De acuerdo con el expediente, el 13 de marzo de 2026 el imputado Aurelio Valdez Alcántara sostuvo un encuentro personal con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
En ese lugar, Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado, quien habría utilizado información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
Durante la reunión, el imputado propuso de manera explícita al testigo alterar el curso del proceso judicial seguido en su contra, el cual se encontraba en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.
La exigencia económica inicial fue de US$200,000, monto que posteriormente redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro. El fiscal rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en un modelo de alta gama.
El imputado también habría ejercido coacción continuada contra el testigo mediante llamadas telefónicas. Como parte de la presión, el 18 de marzo de 2026 le preguntó: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo de ese mismo mes.
Para asegurar el pago, el imputado advirtió al testigo sobre la inminencia de su judicialización, condicionando su situación legal al pago del soborno.
